
Más de un tercio de los servicios públicos que analizaron el estudio de impacto ambiental (EIA) de HidroAysén expresaron que éste carece de información esencial y relevante para efectos de su evaluación, e incluso que transgrede la normativa ambiental. Varios de ellos concluyeron que estas omisiones e ilegalidades no eran subsanables mediante adenda.
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